Entramos a la penúltima semana del mes de abril y la incertidumbre local y nacional parece haberse detenido intencionalmente. En su lugar parece que hemos preferido bloquear y disipar algunos pensamientos para aprovechar mejor estos días de feriados. Posiblemente el presidente haya tomado el mismo rumbo, lo que no puede evaluarse de la misma forma que cuando un ciudadano común lo hace.
El Congreso de la República, por su parte, ha optado por un silencio conveniente, como si al fin hubiera entendido que aporta más interviniendo puntualmente en determinadas situaciones clave (logrando resultados), que, al tratar de hacerlo en todas, figurando de sobremanera y causando hastío. Aunque, es posible que algunos, más allá de andar conspirando, también hayan decidido darse un descanso. Nada merecido para estos tiempos.
Mientras ello ocurre, los problemas más recurrentes del país vuelven a surgir, se ponen los reflectores en las mismas figuras, y las editoriales vuelven a tomar piezas ya usadas para acomodarse al nuevo contexto. En medio de una sociedad sin líderes creíbles, el populismo desbordante de irracionalidad gana; las limitaciones de los gobernantes se reproducen en todos los aspectos de nuestra vida. Y los peruanos andan más cansados, pensando una vez más en cuanto tiempo más le queda de vida a este estado de las cosas (que sigue marcando la pauta de nuestra agenda desde ya hace un buen número de años), o también en cuanto tiempo más se les permitirá vivir como lo han venido haciendo. La incertidumbre domina, mientras una transición avanza.
En los últimos días, parece que es menos relevante para los ciudadanos de a pie el que familiares del presidente, antes muy cercanos, se encuentren prófugos, que se detecten indicios de financiamiento ilícito en la campaña electoral o que la gestión pública o producción legislativa se continue deteriorando. No se percibe como tan importante porque no se percibe aún como ello afecta en la provisión y calidad de los escasos bienes y servicios sobre los que se tiene alguna expectativa. Además, también parece que nos empieza a costar el lastre la corrupción como mal endémico de la sociedad peruana, y, en consecuencia, se hace más difícil que los peruanos sean intolerantes a la corrupción, mientras todavía tengan esperanza de que podrán recibir algo a cambio, frente a una situación muy adversa como la que vivimos. Su explicación podría relacionarse con la percepción de inutilidad de la indignación frente a la corrupción de los últimos años, considerando que aún no se ha logrado ningún resultado concreto en los tribunales de justicia.
Es por lo dicho que sólo en el alza de precios se ha podido encontrar un punto de inflexión en el devenir desde el 28 de julio pasado, donde lo descrito anteriormente se ha ido agudizando, representándose en el crecimiento del rechazo inmediato a la clase política, fenómeno evidenciado en las más recientes encuestas publicadas. Con el alza de precios, el desempleo, la reducción de ingresos y la inestabilidad, se ha puesto relieve en la situación particular de las distintas familias frente a la canasta familiar, y la oferta limitada y efectiva de política del gobierno para atender esta situación. En un contexto como el descrito, no queda claro aún cual es la opinión mayoritaria sobre el nivel de responsabilidad de los poderes del Estado respecto de esta situación, aunque los más extremos (que son los menos) prefieren cómodamente acusar al obstruccionismo o la ineptitud de uno y otro, como los principales responsables de la inacción.
El proceso que acaba de iniciar hace unas semanas es uno principalmente político, en el que el significado de las causas de la crisis y de las limitaciones del Estado, para atender esta situación y otras conexas u otras que vayan surgiendo (que afecten directamente bolsillos o generen rápidamente empatía y un sentimiento de indignación), aún está en formación para la opinión pública. Es así que los recursos desplegados vienen en distintas direcciones para determinar rutas de significado para la solución a esta problemática: de la ciudadanía, de los medios, de la oposición y del gobierno. Cada quien desplegará los recursos a su alcance (mediáticos, políticos, sociales, económicos y culturales) para ganar en atribuir la responsabilidad a un determinado sector, y posicionarla en la opinión pública para buscar producir un desenlace.
En breve, el irracional actuar del poder ejecutivo determinará un nuevo viraje del Ejecutivo, que podría implicar la juramentación de un 5to gabinete, bajo el supuesto reconocimiento de errores cometidos en lo que va de la gestión. Eso, si bien es difícil de creer, implicará nuevos cambios en la continuidad operativa de los diferentes sectores y el desarmado y armado de equipos de gestión. El ensayo-error ya no es un juego a estas alturas. Si no se ve un cambio claro, que venga para quedarse en la gestión del presidente, podríamos estar presenciando la juramentación de uno de sus últimos gabinetes, si es que no es el último. La única lógica adoptada clara en la caótica representación del gobierno es la legal; es posible observar y leer entre líneas las direcciones legales de uno o varios abogados para priorizar la defensa del presidente en distintos fueros. Aprovecharán en el mismo sentido las movilizaciones convocadas para los siguientes días en el sur del país, para aprovechar en ganar una agenda particular antivacancia, considerando algunas alianzas que mantienen con algunos sectores del país. La vuelva al discurso que reconozca la agenda que lo llevo al poder parece más retórica que real.
Por otro lado, las mafias y agendas dañinas que se vienen trabajando en el Legislativo son también un peligro constante para la gobernabilidad del país. Si bien es posible destacar contadas iniciativas de control del poder de parte del Ejecutivo, que eran necesarias desde hace mucho, el balance de lo que está en agenda es malo. Especialmente en lo que corresponde a las garantías de derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, estudiantes universitarios, ciudadanos en general. Prevalecen en la agenda proyectos de ley que pueden ser pasados directamente por el Ejecutivo y rápidamente ser promulgados, gracias al pacto de impunidad política que tendrían ambos poderes, y que es cada vez más evidente.
La situación del país pende de un hilo. Se sabe que se vienen reconformando las fuerzas del Congreso, pudiendo producir una nueva correlación de fuerzas en breve. Mientras ello ocurre, los ciudadanos son los únicos capaces de producir un cambio, en la medida que comprendan su rol dentro de la democracia, y el que les corresponde adoptar frente a poderes públicos que se van caracterizando por la arbitrariedad, las prácticas antidemocráticas y la política del pacto antirreforma. Hoy no tenemos un defensor del pueblo legitimado, ni contrapesos que puedan enfrentar las prácticas populistas dañinas, a fin de que se garanticen derechos y se respeten libertades, manteniendo una calidad estricta en la gestión para atender las diferentes necesidades de la población, muchas de ellas que han quedado en mayor evidencia tras las olas pandémicas de la Covid-19, recientemente vividas en este país.
