Entramos a la penúltima semana del mes de abril y la incertidumbre local y nacional parece haberse detenido intencionalmente. En su lugar parece que hemos preferido bloquear y disipar algunos pensamientos para aprovechar mejor estos días de feriados. Posiblemente el presidente haya tomado el mismo rumbo, lo que no puede evaluarse de la misma forma que cuando un ciudadano común lo hace.
El Congreso de la República, por su parte, ha optado por un silencio conveniente, como si al fin hubiera entendido que aporta más interviniendo puntualmente en determinadas situaciones clave (logrando resultados), que, al tratar de hacerlo en todas, figurando de sobremanera y causando hastío. Aunque, es posible que algunos, más allá de andar conspirando, también hayan decidido darse un descanso. Nada merecido para estos tiempos.
Mientras ello ocurre, los problemas más recurrentes del país vuelven a surgir, se ponen los reflectores en las mismas figuras, y las editoriales vuelven a tomar piezas ya usadas para acomodarse al nuevo contexto. En medio de una sociedad sin líderes creíbles, el populismo desbordante de irracionalidad gana; las limitaciones de los gobernantes se reproducen en todos los aspectos de nuestra vida. Y los peruanos andan más cansados, pensando una vez más en cuanto tiempo más le queda de vida a este estado de las cosas (que sigue marcando la pauta de nuestra agenda desde ya hace un buen número de años), o también en cuanto tiempo más se les permitirá vivir como lo han venido haciendo. La incertidumbre domina, mientras una transición avanza.
En los últimos días, parece que es menos relevante para los ciudadanos de a pie el que familiares del presidente, antes muy cercanos, se encuentren prófugos, que se detecten indicios de financiamiento ilícito en la campaña electoral o que la gestión pública o producción legislativa se continue deteriorando. No se percibe como tan importante porque no se percibe aún como ello afecta en la provisión y calidad de los escasos bienes y servicios sobre los que se tiene alguna expectativa. Además, también parece que nos empieza a costar el lastre la corrupción como mal endémico de la sociedad peruana, y, en consecuencia, se hace más difícil que los peruanos sean intolerantes a la corrupción, mientras todavía tengan esperanza de que podrán recibir algo a cambio, frente a una situación muy adversa como la que vivimos. Su explicación podría relacionarse con la percepción de inutilidad de la indignación frente a la corrupción de los últimos años, considerando que aún no se ha logrado ningún resultado concreto en los tribunales de justicia.
Es por lo dicho que sólo en el alza de precios se ha podido encontrar un punto de inflexión en el devenir desde el 28 de julio pasado, donde lo descrito anteriormente se ha ido agudizando, representándose en el crecimiento del rechazo inmediato a la clase política, fenómeno evidenciado en las más recientes encuestas publicadas. Con el alza de precios, el desempleo, la reducción de ingresos y la inestabilidad, se ha puesto relieve en la situación particular de las distintas familias frente a la canasta familiar, y la oferta limitada y efectiva de política del gobierno para atender esta situación. En un contexto como el descrito, no queda claro aún cual es la opinión mayoritaria sobre el nivel de responsabilidad de los poderes del Estado respecto de esta situación, aunque los más extremos (que son los menos) prefieren cómodamente acusar al obstruccionismo o la ineptitud de uno y otro, como los principales responsables de la inacción.
El proceso que acaba de iniciar hace unas semanas es uno principalmente político, en el que el significado de las causas de la crisis y de las limitaciones del Estado, para atender esta situación y otras conexas u otras que vayan surgiendo (que afecten directamente bolsillos o generen rápidamente empatía y un sentimiento de indignación), aún está en formación para la opinión pública. Es así que los recursos desplegados vienen en distintas direcciones para determinar rutas de significado para la solución a esta problemática: de la ciudadanía, de los medios, de la oposición y del gobierno. Cada quien desplegará los recursos a su alcance (mediáticos, políticos, sociales, económicos y culturales) para ganar en atribuir la responsabilidad a un determinado sector, y posicionarla en la opinión pública para buscar producir un desenlace.
En breve, el irracional actuar del poder ejecutivo determinará un nuevo viraje del Ejecutivo, que podría implicar la juramentación de un 5to gabinete, bajo el supuesto reconocimiento de errores cometidos en lo que va de la gestión. Eso, si bien es difícil de creer, implicará nuevos cambios en la continuidad operativa de los diferentes sectores y el desarmado y armado de equipos de gestión. El ensayo-error ya no es un juego a estas alturas. Si no se ve un cambio claro, que venga para quedarse en la gestión del presidente, podríamos estar presenciando la juramentación de uno de sus últimos gabinetes, si es que no es el último. La única lógica adoptada clara en la caótica representación del gobierno es la legal; es posible observar y leer entre líneas las direcciones legales de uno o varios abogados para priorizar la defensa del presidente en distintos fueros. Aprovecharán en el mismo sentido las movilizaciones convocadas para los siguientes días en el sur del país, para aprovechar en ganar una agenda particular antivacancia, considerando algunas alianzas que mantienen con algunos sectores del país. La vuelva al discurso que reconozca la agenda que lo llevo al poder parece más retórica que real.
Por otro lado, las mafias y agendas dañinas que se vienen trabajando en el Legislativo son también un peligro constante para la gobernabilidad del país. Si bien es posible destacar contadas iniciativas de control del poder de parte del Ejecutivo, que eran necesarias desde hace mucho, el balance de lo que está en agenda es malo. Especialmente en lo que corresponde a las garantías de derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, estudiantes universitarios, ciudadanos en general. Prevalecen en la agenda proyectos de ley que pueden ser pasados directamente por el Ejecutivo y rápidamente ser promulgados, gracias al pacto de impunidad política que tendrían ambos poderes, y que es cada vez más evidente.
La situación del país pende de un hilo. Se sabe que se vienen reconformando las fuerzas del Congreso, pudiendo producir una nueva correlación de fuerzas en breve. Mientras ello ocurre, los ciudadanos son los únicos capaces de producir un cambio, en la medida que comprendan su rol dentro de la democracia, y el que les corresponde adoptar frente a poderes públicos que se van caracterizando por la arbitrariedad, las prácticas antidemocráticas y la política del pacto antirreforma. Hoy no tenemos un defensor del pueblo legitimado, ni contrapesos que puedan enfrentar las prácticas populistas dañinas, a fin de que se garanticen derechos y se respeten libertades, manteniendo una calidad estricta en la gestión para atender las diferentes necesidades de la población, muchas de ellas que han quedado en mayor evidencia tras las olas pandémicas de la Covid-19, recientemente vividas en este país.
El antifujimorismo es una expresión legítima, quienes han vivido el fujimorato entienden mejor que muchos porque es una muy mala opción reivindicar a AF a través del apoyo a su hija en esta elección. Quienes no lo han hecho de manera consciente pueden también entender que parte de las consecuencias del gobierno de AF las seguimos viviendo ahora.
De otro lado, tenemos un grupo de personas que rechazan las propuestas intervencionistas en la libre iniciativa individual, asociadas a gobiernos denominados “socialistas” en latinoamerica y que rechazan las ideas bandera del terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, que hoy se ven parcialmente reproducidas en el discurso político de un candidato que, independientemente, de que puedan tener o no una filiación entre sus representantes, termina reivindicandolas. Este otro movimiento anti ha vuelto a la superficie dentro del imaginario de los peruanos.
Estos son los movimientos más grandes que hoy se enfrentan. Y no pretendo invisibilizar con esto al Magisterio o a la expresión del regionalismo y anticentralismo que también esta presente en los grupos que acompañan, principalmente, a un candidato. Es solo que son probablemente los más grandes, y los que, considero, definirían el destino del país en los siguientes 5 años, en el mejor de los casos. Creo que es altamente probable que el modelo prevalecerá, a pesar de que la pandemia se ha esforzado por marcarnos una ruta hacia un cambio radical.
Sin embargo, pienso que las reflexiones relevantes no son ninguna de estas (que probablemente sí lo son para el marketing político). Lo que considero debe preocuparnos de sobremanera es si las propuestas de los candidatos son capaces de enfrentar la tentación del poder, de la anarquía o la del piloto automático; y, en consecuencia, evitarnos repetir 5 años de desgobierno y de crisis permanente, dentro de la ruta de política que decidan elegir.
Yendo a otras reflexiones, el abuso de poder, la corrupción, las grietas del sistema político (que impiden avanzar en un relación más cercana entre Estado y la población), la desafección y otros, son algunas de las que considero las causas de las crisis sociales y permanentes que hemos vivido durante estos últimos años. En mi opinión, no hay evidencia suficiente para acusar a los principales cimientos del sistema económico del país, pinceleados en la CPP de 1993 por los resultados de los últimos cinco años vividos, ni menos por las consecuencias de la pandemia, pese a la tentación de la simplicidad por hacerlo.
Creo que lo comprendemos, pero no sé si lo hacen los candidatos, los cuales, probablemente, ensimismados por la polarización e irracionalidad, se pensarán los “elegidos” por el “pueblo”, sin darse cuenta que este se achica cada vez más, conforme va creciendo la desafección. Como, claramente, se ha evidenciado en la primera vuelta.
¿Qué nos garantiza que ambos candidatos apostarán por la senda de la gobernabilidad y la resolución inmediata de los problemas que más nos aquejan en este momento?
Nada por el momento. Por ahora, tenemos una propuesta que busca mantenerlo todo lo más posible y otra que busca cambiarlo todo (o casi todo). Entonces, considero que si la primera no ofrece cambiarlo todo aunque sea un poquito, para corregir aquello que nos hace morir viviendo y entrando en conflicto permanente con nuestro gobierno, o si el segundo no nos ofrece mantener aunque sea las bases del progreso y la libertad, al menos en su esencia, sin amages ni pretensiones de totalitarismos, podríamos estar frente a opciones VIABLES. Sin embargo, hasta el momento, especialmente, sobre el segundo parecen acabarse las oportunidades de demostrar esa posibilidad.
Cuando votemos debemos pensar en eso. No en la toma de mando de 28 de julio o en quien nos gustaría que sea nuestro/a presidente/a. Debemos pensar en los siguientes 5, 10, 15 y 20 años, en el mejor de los casos. De no cambiar los candidatos, no van a recibir nuestro apoyo y terminaremos votando en blanco o nulo. Así logren negociar apoyos políticos de izquierdas o de derechas en el Congreso, su presidencia estará condenada al fracaso. Y, ante un inminente fracaso, habremos entrado a una nueva crisis, aún indescriptible y dificil de predecir.
Vale recordar aquí que solo en democracia podemos seguir luchando por lo que queremos, de manera equitativa y libre. En opinión de quien escribe la opción de KF ya vuelve mucho más difíciles muchas cosas, pero no puedo negarles, que, según percibo este contexto, en la opción de PC, las aspiraciones para con mi país que tengo, las veo inalcanzables.
Introducir el miedo como política tiene consecuencias en el comportamiento en el mediano plazo de la población. No soy experto en este tema, pero creo que podemos usar algo de sentido común para entender porque estuvo mal y está mal en este momento seguir atribuyendo en las personas la responsabilidad exclusiva de lo que pasa.
Somos un país golpeado por nuestra propia gente y autoridades: que no sabemos elegir, que somos corruptos, que somos iletrados, que somos lo peor, nos repiten constantemente. Nos desconsideran en tal medida que, cuando de controlar una pandemia se trata, con la necesidad desbordante en los estratos más bajos, tenemos hasta la culpa su agravamiento, solo porque salimos y trabajamos como pudimos para llevar comida para nuestra mesa o dinero para pagar nuestros servicios básicos, o también porque querer ver a nuestros seres queridos después de un año resulta una falta criminal de gente “irresponsable”. Cuando resistimos casi tres meses, no hubo ninguna palabra de aliento, cuando nos equivocamos una vez, o cuando salimos para respirar un poco de consuelo, nos sentenciaron y prejuzgaron.
Todo eso que nos han dicho cae a nuestra mente una y otra vez por cada contagio en la familia o en alguna persona que vimos en algún momento o en la TV cuando nos lo recuerda un presidente populista en conferencia de prensa nivel nacional y en señal abierta. “Somos responsables de todo”, “soy responsable del daño a mi familia”, “soy responsable de lo que les pasó”, etc. ¿Cómo esto nos afecta mentalmente? ¿Cuan cierto es esto? ¿Por qué damos por sentado que el gobierno, principalmente, o el Congreso hicieron lo posible por contener esta pandemia? ¿Por qué antes de ser críticos con nosotros mismos, no hacemos el esfuerzo por ver toda la cadena causal o al menos cuestionar el discurso oficial? El daño que nos hacemos a nuestra autoestima y confianza es incalculable. Hay incluso un margen de posibilidades en que la enfermedad que llega al hogar lo hace por cuestiones que quizás en el corto plazo no entenderemos.
¿Qué pasa luego que millones de personas están desmoralizadas y resquebrajadas emocionalmente? Es difícil mantener una conducta de cuidado todo el tiempo, cansa y cuesta mucho. Luego de varios meses, la resignación que se va viendo tiene sentido. Estamos en una segunda ola y hay poco margen ahora. No creemos en nosotros mismos. El miedo que nos podía detener de adoptar ciertas conductas, vive con nosotros de forma permanente, pero ya no suprime estos comportamientos de riesgo, frenó temporalmente algunas acciones pero debilitó tmb aquello que podía ayudarnos a persistir en ellas: la autoestima y la confianza.
Una campaña de miedo no debe ir sola, menos debe ser diseñada sin poder abordar las consecuencias de las falacias que se introducirán en mensajes a la población y que afectarán su autoestima y, posiblemente, su proclividad a adoptar las conductas deseadas.
Quizas sólo los mensajes claros y la información adecuada sean ese último bastión para esta fase final de la pandemia. Donde una decision dura no venga con mensajes de responsabilidad individual sino tmb de una colectiva, donde podamos empezar a salir de la crisis con esperanza y menos resignación, esa que hace que nos ocultemos o que el estigma de la enfermedad marque aquello que, en algunos es tan importante, la muerte. Tener también que explicar que hay márgenes de incertidumbre con los que habrá que vivir en los siguientes años me parece necesario, para que las personas dejen de añorar la normalidad del pasado y empiecen a rehacer sus vidas, construir nuevas metas y empezar a ejecutarlas desde ya.
Lo que nos dejó el juego político de los últimos años (el de la polarización y el de los mitos de los héroes que nos salvan de la corrupción) puede que no haya sido más que un espejismo de salvación, porque mientras veíamos como se desarrollaba la crisis política, los problemas principales del país seguían siendo desatendidos o atendidos parcialmente, no siendo prioridad de los diferentes actores sociales y políticos del país, que se veían desbordados por sus propias contradicciones, bastante humanas por cierto, que resultaron de años de status quo y de tolerancia complaciente con las pizcas de poder que les ofrecían.
La crisis que vivimos después de los quinquenios de las grandes olas de conflictos sociales no solo involucra hoy a los políticos, sino también a los principales actores de los movimientos del país por un “dejar pasar”, ya que no han sido capaces de promover agenda pública más allá de convertirse en el eco de lo que dictan las fake news, los tuits, las filtraciones y la chismosería. Quiero decir, en general, que no hay grandes ni ambiciosos proyectos políticos que provengan de la organización social (o que tengan relación estrecha con ella) y que puedan ofrecer al país una alternativa hacia el proceso electoral que se realizará en el primer semestre del próximo año. Nada en el horizonte por el momento.
Tras el cierre del parlamento, la vacancia de un presidente y el desfile de decenas de políticos por las páginas y canales judiciales, queda claro que no se supo en qué más concentrarse o cuales serían las consecuencias institucionales ante cada escenario que habría que atender. Debo suponer que se asumió que se tendría un congreso que sería más fácil de confrontar y diluir (entiéndase la palabra en un sentido amplio y referido a la fuerza de oposición que podría ser disminuida). Sin embargo, pese a sus desaciertos, la medida del congreso actual parece hoy exacta a del Poder Ejecutivo, y no me refiero a la de los equipos técnicos, sino a su forma de hacer política a partir de la expectativa ilusoria de políticas que apuntarían a atender a los más vulnerables, con discursos maniqueos y que menosprecian, en algunos casos, el juicio de los individuos. El accionar de ambos, evidentemente, no esta a la altura de los ciudadanos.
Hoy lo vemos luego de seis meses de conocido el anuncio del “paciente 0” en el marco de la pandemia del coronavirus. El Ejecutivo permanece reactivo, sin un horizonte claro, desconfiado, con un aparato público casi paralizado y mucha (mucha) necesidad. Los problemas (olvidados) a los que nos referíamos en párrafos anteriores, obtuvieron un especial relieve tras el agravamiento e intensificación de la crisis sanitaria, que hoy afecta los cimientos económicos del país, y que requerirá de muchos esfuerzos para obtener la ansiada recuperación. Según cifras del SINADEF, tenemos más de 70 mil personas fallecidas en exceso[1] con respecto de las muertes registradas en periodo similar el año anterior, presuntamente, como consecuencia de la COVID-19 y externalidades vinculadas a ella. Asimismo, si bien existen signos de una recuperación de los niveles previos de producción antes de la pandemia bastante llamativos[2], otras consecuencias continuarán arrastrando costos a la población del país, que todavía no tendrían propuestas de atención suficientes y claras: desempleo, pobreza, deserción escolar y en la educación superior, posibilidad o quiebre de pequeñas empresas, informalidad, ilegalidad e inseguridad, etc.
Es necesario que retomemos la construcción de una agenda, venga de las organizaciones sociales, políticas y la ciudadanía en general, o de los políticos que las trasladan a los espacios de decisión pública para, interactivamente, orientar los esfuerzos a la superación de la crisis sanitaria, con una disminución ostensible de sus impactos, y, en lo posible, delinear el camino hacia el debate de las transformaciones que requieren las instituciones del país a ser priorizadas luego de conocida la magnitud total de esta situación. Se requiere un gran plan que empiece su implementación en los siguientes meses y que esté orientado a salir de la pandemia: un plan integral que involucre a todos los sectores y priorice tanto las necesidades inmediatas como las de transformación de la crisis en oportunidades para reafirmar el rol del Estado, y para hacerlo competente en aquello que le toca dentro del modelo constitucional vigente.
Algunas ideas sobre temas que serán materia de exigencia y debate en las siguientes semanas y meses:
Debate sobre la política económica, en torno a la conclusión de la interpelación de la ministra del MEF, “Toni” Alva. Temas vinculados: desempleo, debate de presupuesto, etc.
Movimientos en favor de eliminar la obligación de usar mascarillas, la vuelta a clases presenciales y la no obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19. Recientes protestas en Roma, Australia y EEUU.
Dióxido de Cloro y nuevas movilizaciones sobre su uso.
ONP y propuestas de reformas del sistema de pensiones. Nuevo proyecto sobre AFPs.
Deudas e intereses bancarios.
Los problemas con empresas y entidades estatales que demoran en pagos producen movilizaciones.
Reactivación del sector construcción.
JNE – ONPE. Normas electorales en debate en Parlamento. Proyectos pendientes de 2da votación referidos a la reforma política.
Situación alimentaria de las poblaciones más vulnerables y aquellas que van ingresando a la pobreza o cuya situación de pobreza se agrava.
Medidas de reactivación económica en cuestión.
Medidas para evitar la deserción en la educación superior.
Temas que ofrecen oportunidades de transformación:
Masificación del acceso a internet y a equipos tecnológicos que permitan su uso.
Reforma del sistema de pensiones.
Reforma del sistema de salud.
Reforma del servicio civil.
Promoción del empleo y trabajo remoto.
Ciencia y tecnología.
Acceso a los servicios del Estado (administrativos, de justicia, entre otros).
Alfabetización digital.
Educación a distancia.
Reformas de los sistemas de transporte urbanos.
Lima, 6 de septiembre del 2020
[1] Pablo Secada En Twitter: “SINADEF Actualizó Sus Datos. Comparto Un Cuadro Con Datos Mensuales 😢 Https://T.Co/MDu8617f7a” / Twitter, n.d. Consultado el 6 de septiembre del 2020.
Luego de la reciente presentación de nuestra ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, con respecto de las proyecciones de las cuentas fiscales incluidas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2021-2024, el Consejo Fiscal (CF) (1) emitió una comunicación (2) en la que sostuvo que se cuenta con un “sesgo optimista” que no sería consistente con la necesidad de reconstruir las cuentas fiscales del país para retomar la senda de sostenibilidad fiscal. ¿Qué pasó en el ínterin? El CF refiere que hubieron cambios en el proyecto de documento que conocieron.
En este mismo ámbito, la CONFIEP dio a conocer que en reunión sostenida con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se presentó un listado de propuestas laborales. Entre las principales propuestas a las que se hace referencia se observaría la creación de un régimen laboral de emergencia de por lo menos un año para empresas afectadas por la crisis, el cual involucraría la reducción de remuneraciones y jornadas, que serían compensadas en accesos a CTS, AFP o a subvenciones estatales. Otras cuestiones interesantes a analizar sobre estas propuestas son el tema de la regulación de contratos a tiempos parcial, que se refiere que podría beneficiar a los jóvenes que son altamente vulnerables a la pérdida de empleo, así como la extensión indefinida del trabajo remoto. Todos estos temas, altamente polarizantes, podrían ser más aprehensibles si provienen del propio Ejecutivo o del Parlamento, dada la necesidad apremiante de adoptar medidas ante la recesión que ya se empieza a sentir, y que requiere de un alto componente de confianza que reduzca la incertidumbre actual. (3)
ELECCIONES 2021
De otro lado, el electo jefe de la ONPE, Pierto Corvetto, acaba de realizar uno de los anuncios, posiblemente, más trascendentales (y seguro que controversiales en las siguientes semanas) sobre la organización del siguiente proceso electoral, que aún dista de contar con la claridad suficiente sobre las reglas que lo regularán. En recientes declaraciones a Canal N, pidió el apoyo del Congreso para entregar dinero a los miembros de mesa: pedido coherente con la realidad de la informalidad del país que afecta de modo desigual a los ciudadanos al momento de cumplir un deber como el de ser miembros de mesa. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿qué consecuencias podría generar esta medida en torno a la cultura política y compromiso de la población con sus instituciones electorales? (4)
LA PANDEMIA DONDE NO SE VE
En Puno, NoticiasSer nos cuenta como en Ilave, provincia de El Collao, se viene sobreviviendo a la pandemia en un contexto de ausencia estatal y pobreza. En declaraciones a dicho medio, una integrante de la Federación de Mujeres Originarias del Collao – Ilave (FEDEMOPECO) afirmó que las comunidades campesinas no cuentan con implementos de bioseguridad, o se encuentran abastecids con medicamentos ni con oxígeno. Asimismo, sostuvo que vienen cuidándose mediante el uso de plantas medicinales y alimentadose de sus ganados y cosechas que no pudieron ser comercializadas por la paralización de las ferias. (5) Situaciones como la descrita se deben repetir a nivel nacional. ¿Cual es la política integral de atención a la población que vive en zonas rurales en una emergencia como esta?
En un reciente artículo de Hugo Ñopo y Daniel Pajita, que amerita ser discutido en mayor detalle, se comentan los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Sin ánimos de comentar los hallazgos preliminares del estudio, cito textualmente lo siguiente para un posterior análisis:
“Pero en las zonas rurales llama la atención que la caída del empleo fue mucho menor, 6%. Además, el empleo masculino rural se redujo solo 2%. El lector se sorprenderá aún más al conocer que el empleo juvenil rural (personas entre los 14 y 24 años) no se contrajo, sino que aumentó 18%.” (6)
Los autores ensayan algunas hipotesis sobre los motivos que habrían determinado estos cambios.
El texto y sus afirmaciones nos deben traer nuevas preguntas y preocupaciones sobre lo importante que resulta priorizar una agenda de discusión y debate sobre el Perú rural y la lucha importante pendiente contra la mirada homogeneizadora (práctica) que se suele tener desde las políticas públicas en un país tan heterogeneo como el nuestro.
Referencias:
(1) ¿Qué es el Consejo Fiscal? El Consejo Fiscal es una comisión autónoma, dependiente administrativamente del Ministerio de Economía y Finanzas, creada por la Ley N° 30099, que tiene por objeto contribuir con el análisis técnico independiente de la política macro fiscal y, de ese modo, fortalecer la transparencia e institucionalidad del manejo de las finanzas públicas.
(2) Informe 007-2020-CF que emite opinión sobre el MMM 2021-2024: enlace.
Sobre el proceso electoral y el contexto político de los últimos meses
Con el acto de disolución del Congreso(1), del 30 de septiembre del 2019, se convocó además a elecciones para elegir a uno nuevo el 26 de enero del 2020, con lo que inició un periodo de campaña que solo se activó un par de semanas previas al proceso electoral.
Mientras se venía desarrollando una campaña caracterizada por la falta de interés de los electores en el proceso, las expectativas sobre un mejor parlamento disminuyeron de manera importante. Según dos estudios realizados por Datum, en octubre del 2019 y enero del 2020, la expectativa de que el nuevo congreso tenga mejor nivel que el anterior disminuyó en 27% (de 55% a 28%) en los citados meses, mientras que los que consideraron que tendrá el mismo nivel alcanzaron el 48% (de un 26% en el mes de octubre) (2).
Fuente: Datum (2019)
Generan preocupación estos resultados, en la medida que el Congreso, justo antes de ser disuelto, alcanzó uno de sus porcentajes más bajos de popularidad de los últimos años y, además, dado que se constituye, entre los países latinoamericanos, como el menos valorado como institución(3). De otro lado, para explicar estos cambios, podría suponerse que la población conoció las bondades del interregno, en el que se plantearon medidas “urgentes” mediante decretos de urgencia para dar respuesta a diferentes problemas, algunos de ellos fueron surgiendo en el día a día.
Esta baja expectativa en que el nuevo Parlamento sea mejor que el anterior y una percepción de crecimiento de la expectativa sobre la capacidad política del gobierno (pese a las debilidades de la gestión) mantuvieron la aprobación presidencial por sobre la media. Según cifras de Ipsos Apoyo (4), luego de registrar una tendencia a la baja en la aprobación presidencial (de 79% en octubre 2019 a 56% en el mes de diciembre 2019), esta volvió a incrementarse en el mes de enero, hasta alcanzar un 58%. Durante estos meses la gestión presidencial perdió a tres ministros como resultado de denuncias y otras situaciones que ponían en cuestionamiento la imagen “anticorrupción” que buscaba representar la gestión hasta antes del 30 de septiembre.
INFOGRAFÍA
Aprobación y desaprobación del Presidente de la República
Fuente: Ipsos Apoyo (2020). Publicado por El Comercio.
El análisis de las preferencias políticas de un país no está completo sin agregar algunos datos sobre su desafección.
Desafección política
Un primer dato que puede indicar que existe una lejanía entre la población y la clase política vigente, es el que señala el Barómetro de las Américas: al 2019, solo 1 de cada 10 peruanos simpatizan con algún partido político. Esta cifra ha alcanzado su tasa más baja (11%) en el 2019, la cual es el resultado de una tendencia negativa que viene registrándose desde el 2006 (30%). Asimismo, con relación al interés en la política de los peruanos, se ha calculado que al 2019, 3 de cada 10 peruanos está algo o muy interesado en política (29%), lo que lo ubica en el puesto 13 de 18 países latinoamericanos evaluados sobre este tema. Para tener una idea de la comparación, los países que cuentan con una población medianamente interesada en la política y sus cifras son Uruguay (47%), Argentina (44%) y Costa Rica (43%), según la misma fuente.
Fuente: Barómetro de las Américas (2019).
Otra arista del problema de la desafección política, son sus posibles consecuencias en la confianza en las elecciones. Según la misma fuente, existe en los últimos años un notorio descenso en este indicador, que ha alcanzado un 33% en el año 2019 (que desconfía de los escrutinios electorales). De otro lado, un dato de mayor relevancia, sería el cómo se ha materializado todo este descontento. El resultado sería el crecimiento del ausentismo en los últimos procesos electorales. Mientras que en el referéndum del 2018 se registró un ausentismo del 28% del total de electores hábiles (5), en los resultados obtenidos el último 26 de enero último, el ausentismo alcanzó el 24.4%, a diferencia de porcentajes anteriores donde el máximo pico de ausentismo alcanzó el 20%.
Fuente: Barómetro de las Américas (2019).
Podemos decir, por lo expuesto, que el Perú es un país en el cual las instituciones de la democracia vienen pasando por una etapa difícil. Los procesos complejos de conflicto político entre poderes del Estado, que se fueron dando en el último año, no habrían hecho más que afectar la legitimidad de instituciones necesarias de la democracia. El cierre del Congreso habría sido solo un cisma de un proceso que ya venía desarrollándose y que, cabe precisar, ha recibido una inyección de iniciativas y reformas que, de aplicarse en el proceso electoral del 2021, deberán reflejar algún cambio positivo en estos indicadores o, en su defecto, sería oportunidad de poner a prueba la idoneidad de las reformas propuestas.
Sobre la campaña
Es así que la campaña electoral se desarrolló en el contexto descrito, donde los peruanos han reafirmado su creciente rechazo y/o desconfianza hacia algunas instituciones, tales como el Parlamento, las elecciones y los partidos políticos. Con una fragmentada oferta electoral para el congreso 2020-2021 se realizó una campaña que, como se ha venido mencionando, estuvo caracterizada por ser corta, por contar con figuras conocidas que buscaron “jalar” votos, por ser persistente en el tema de lucha contra la corrupción y las reformas políticas, contar con poca expectativa por lo que se pueda hacer en las materias que más afectan al ciudadano (salud, educación, seguridad, otros) y contar con algunas sorpresas (no tan sorpresas) que fueron tomando forma en los últimos días.
Encuesta IEP – Diciembre 2019
Encuesta IPSOS – Diciembre 2019
Las encuestas desde un inicio evidenciaron que ningún partido alcanzaría porcentajes considerables que permitan inferir que se tendría un congreso representativo y con dosis saludables de legitimidad. Si se comparan las preferencias electorales hacia los partidos con los resultados electorales del 2016 se observa claramente que los principales partidos de oposición para el periodo 2016-2019 no lograrían alcanzar similares resultados. Se percibía además que el respaldo antes alcanzado por estos partidos, que fueron altamente cuestionados y objeto de controversias políticas y judiciales (FP, APRA, PPK – Contigo, Solidaridad Nacional, otros), se repartirían hacia el resto de la oferta electoral, acompañando también al voto nulo y blanco.
Hacia las últimas semanas, se observó el crecimiento de dos tipos de organizaciones políticas. Aquellas que tienen un símbolo de fácil recordación y que no están vinculadas a la clase política de mayor alcance al poder en los últimos veinte años (Acción Popular, Somos Perú, FREPAP), así como aquellas que poseen figuras que permiten sumar votos en respaldo a la su actividad política: Partido Morado – Alberto de Belaunde, Podemos – Daniel Urresti, Frente Amplio – Arlette Contreras, Juntos por el Nuevo Perú – “Cochero”.
Al caso de Acción Popular, cabe agregar que su vigencia en este proceso electoral es potenciada por el recuerdo de las victorias obtenidas en las ERM 2018, momento en el cual su aparato político se activa, junto con el de Alianza para el Progreso (APP). Según los análisis de este proceso, estas dos organizaciones fueron las principales ganadoras de dicha elección (6).
De otro lado, el ánimo disruptivo del voto de algunas poblaciones electorales, el claro rechazo a la clase política tradicional, así como el trabajo que se ha venido realizando desde hace varios años por parte del FREPAP (organización que recuperar en los últimos años su inscripción) y los seguidores de Antauro Humala (hoy acogido por la organización política Unión por el Perú) permitieron ver un crecimiento de su intención de voto en las últimas semanas.
Por su parte, la oferta tradicional de la última izquierda (Frente Amplio y Juntos por el Perú) compitió con algunas propuestas antes mencionadas así como con Perú Libre y Democracia Directa, sin poder diferenciarse con claridad para el votante común. Las preferencias hasta antes del proceso electoral se mostraron en ascenso pero sin superar las cifras alcanzadas en el 2016 (si se suman los porcentajes de votos emitidos y los resultados de las encuestas estos últimos días antes del proceso). El contexto descrito indicaba que existía una oportunidad para las propuestas que enarbola la izquierda peruana, sin embargo, su alta fragmentación política e ideológica no le garantizarían, diríamos, una diferenciación clara que vuelva una de sus organizaciones más atractiva que otras.
En resumen, podríamos decir que los principales factores en la variación de preferencias durante la campaña fueron el partido conocido y no involucrado en actos de corrupción (AP, APP, Somos Perú), la disrupción (UPP y FREPAP) y el culto a la persona (PM – Alberto de Belaunde, PODEMOS – Urresti, otros). Sin embargo, ningún partido habría sido realmente una opción altamente atractiva para los electores, debido a una serie de factores ya descritos. Para demostrar ello, toca ver el siguiente punto: los resultados.
Los resultados
El 26 de enero se llevó a cabo el proceso electoral, trayendo consigo dos sorpresas. Una de ellas es el porcentaje de votos a nivel nacional alcanzado por algunas organizaciones (FREPAP y UPP) y, la segunda, es la transformación de votos en escaños, en el marco de la aplicación de la cifra repartidora, la cual volvió, a pesar del bajo porcentaje de votos (sobre el total de la población electoral) y su ubicación ordinal, a algunas organizaciones en fuerzas políticas importantes (APP FP, UPP).
Cuadro de resultados
Elaboración propia. Fuente: ONPE (02.02.20) y @fjsistemas
En estos días se ha dicho mucho sobre estos resultados, habiendo explicaciones para todos los gustos, algunas bastante más orientadas a minimizar la racionalidad del elector y otras que explican el fenómeno a través de múltiples factores. En este caso, creo que conviene buscar explicaciones para los aspectos más generales de este.
Entre estos aspectos generales cabe destacar que el ausentismo alcanza el 25% aproximadamente de los electores hábiles y que el partido que mas votos obtuvo, respecto de la población electoral total no supera el 6% de las preferencias y, a pesar de ello, alcanza un porcentaje de 20% aproximadamente de escaños asignados, una vez aplicada la cifra repartidora. El resto de partidos pasa por el mismo fenómeno electoral, unos beneficiándose de este (AP, APP, FREPAP, FP, UPP) y otros no tanto (PM, PODEMOS). Lo real es que hay un 25% de electores que por diferentes razones decidió o no logró acudir a la votación y un 14% aproximadamente que anuló o dejo en blanco su voto. Si se consideran ambas cifras y también el porcentaje de votos validos que no pasaron la valla de representación, se tiene que en este último proceso electoral solo un 41% de peruanos aproximadamente eligió a este congreso.
Para no redundar más en el análisis de los resultados recogeremos algunos de los textos y trabajos más interesantes que analizan aspectos del proceso y los resultados obtenidos:
“Entre los pesos perdidos y los cambios cosméticos” – 50+1
Fuerza Popular y Frente Amplio pierden respaldo, mientras que Acción Popular lo incrementa y Alianza para el Progreso lo mantiene (7).
“Alianza para el Progreso: menos votos más curules.” (8)
“Alianza para el Progreso (APP) será la segunda fuerza parlamentaria en elCongreso que acaba de ser elegido y que cuenta con una fragmentada composición de nueve bancadas. Un análisis de los resultados por regiones permite detectar que el partido fundado porCésar Acuña ha ocupado parte del terreno perdido porFuerza Popular en el norte y que ha logrado extenderse fuera de su principal bastión electoral.” (Martín Hidalgo, 2020)
Los resultados del 26 de enero (9)
Para Martín Tanaka, quien luego de una semana dedica un breve análisis al proceso electoral, este proceso deja como resultado una muestra de una mayor fragmentación política desde el proceso democrático iniciado en el 2001, mediante la comparación de la suma de porcentajes de votos validos de quienes pasaron la valla:
“Una manera de ver esta fragmentación es que la suma de los grupos que alcanzaron representación en el 2020 llega apenas a un 68,53% de los votos válidos, cuando ese porcentaje superó el 90% en el 2016 y en el 2011. Unos partidos obtuvieron las votaciones más altas en algunas regiones, pero al no pasar la valla quedaron sin representación: Perú Libre en Junín, Democracia Directa en Cusco, Avanza País en Madre de Dios. En el mismo sentido, tenemos varios candidatos con votaciones preferenciales altas que quedarán fuera: Ciro Castillo, Alberto Beingolea, Beatriz Mejía, Julio Arbizu, Mauricio Mulder, Renzo Reggiardo.” (Tanaka, 2020).
De la composición del nuevo Parlamento y su posible agenda
Más allá de las sorpresas arriba mencionadas, de la desinstitucionalización de nuestro Congreso y las agendas particulares que cada partido busque llevar a cabo, estamos frente a una situación que cabe observar con detenimiento. La consecuencia lógica del cierre del parlamento era que este tenga más díficil su recomposición, especialmente, si se sabía que las reglas de juego a aplicar serían las mismas que en el proceso del 2016. Altamente predecible el nivel de fragmentación y de debilidad institucional. Esto significa que los congresistas elegidos, sin mayor proyección de relección, estarán expuestos (y algunos dispuestos) al trabajo de una agenda de corto plazo tangible para sus intereses personales y no necesariamente políticos o institucionales (cuando se supone que en este espacio de tiempo se tendría que priorizar ello). En ese sentido, podríamos decir que mientras tendremos en discusión diferentes agendas mediáticas (temas de lucha contra la corrupción, inmunidad, leyes severas para atender el problema de la inseguridad ciudadana, entre otros), también nos tocará estar atentos a los temas económicos y a los vinculados a sectores productivos importantes: producción, agrarios, energía y minas, transportes y comunicaciones, educativos (universidades, institutos y colegios privados), entre otros.
Después de todo lo expuesto. ¿Cuales son las reformas políticas realmente importantes? ¿Cómo mejorar el nivel de representación de los parlamentarios sin deslegitimar la importancia de su función? ¿El resultado final del proceso es uno donde el régimen semipresidencialista que tenemos se consolida y podría aspirar a tener más poder (observar con detenimiento algunas reformas propuestas por la comisión de reforma)?
Referencias:
(1) Decreto Supremo N° 165-2019-PCM, de fecha 30 de septiembre del 2019.
(2) Asimismo, un 17% consideró que el congreso será peor que el anterior, de un 7% que consideró esta opción en el mes de octubre.
(3) Según cifras del Barómetro de las Américas, el Perú es el lugar donde menos se valora la institución congresal. Según estas cifras, 6 de cada 10 peruanos justifican el cierre del congreso (marzo 2019).
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